Y el Secretario ahí

El caso del Secretario de Vivienda de Caldas, Jorge Iván Giraldo Cuesta, representa la muestra palpable del desconocimiento de su labor y de los alcances de la misma, pero además del absurdo desempeño servil cuando de justificar lo injustificable se trata. El papel del funcionario público encarna profundas responsabilidades éticas, morales, jurídicas, de lealtad y naturalmente administrativas, las cuales varían de acuerdo con el rango de la persona. En ese sentido existen cargos dentro de los distintos organismos públicos que deben responder por acciones u omisiones, sin excluir muchas veces a los jefes titulares, sean elegidos o nombrados.

Pues bien, el caso del Secretario de Vivienda de Caldas, Jorge Iván Giraldo Cuesta, representa la muestra palpable del desconocimiento de su labor y de los alcances de la misma, pero además del absurdo desempeño servil cuando de justificar lo injustificable se trata.

Así lo ha dejado ver durante el último mes y medio, luego del escándalo en que por supuestas irregularidades incurrió la Gobernación de Caldas a través del despacho en mención, al firmar un contrato con Proviquindío para la construcción de apartamentos en el proyecto Colina de los Andes, en el lote conocido como Talleres del Departamento, en Manizales.

A dicha iniciativa estaban vinculados, además, Inficaldas y la Caja de la Vivienda Popular de Manizales. Este último organismo se marginó del plan al advertir que de manera acelerada y renunciando a la obligación de promover la construcción del programa mediante una licitación pública, la Secretaría de Vivienda propuso entregar su ejecución por medio de un contrato interadministrativo.

Y no obstante las objeciones legales y las de los ex socios, pues se encontraban factores que a la luz de la ley no eran permitidas, el secretario Giraldo, contra viento y marea, firmó el contrato, señalando que es muy distinto a un convenio, pocos minutos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, y dando explicaciones sobre sustentos legales que avalaban su actuación, a lo que el gobernador Mario Aristizábal le dio pleno respaldo.

Pero fueron tales las irregularidades alrededor del tema que primero la Secretaría de Vivienda dio por terminado el contrato con Proviquindío el pasado 2 de marzo y tres días después, el 5 del mismo mes, abortó el proyecto. Todo eso se dio casi a la par del pronunciamiento de la Contraloría de Caldas que argumentó que lo firmado era ilegal.

Producto de semejante adefesio, la Asamblea de Caldas llamó al titular de Vivienda para que explicara lo actuado y se encontró con una serie de argumentos sin lógica ni sentido, pues el funcionario dejó entrever que el Gobernador sí sabía, pero que no sabía, inculpándose por algo que ambos conocieron.

Fue por ello que con un solo voto a favor y los restantes 13 en contra, los diputados rechazaron los argumentos de Giraldo y ahora analizan la posibilidad de apelar a una moción de censura en su contra la que de votarse mayoritariamente significaría la exigencia al Gobernador de que retire a su funcionario y lo reemplace por otro.

Y es que es tal la situación de crisis que enfrenta el Secretario de Vivienda, producto de sus desaciertos y salidas en falso, que su partido, Cambio Radical, el cual lo avaló para ocupar ese cargo, hace cerca de dos meses le retiró su respaldo, aunque inexplicablemente lo hizo de manera silenciosa.

No entendemos cómo sigue en un cargo de esa importancia alguien no sólo cuestionado, sino que demuestra un claro desconocimiento de sus funciones administrativas. O si el Gobernador lo quiere mantener, que explique muy bien las razones.