Segunda condena a ex gerente de la Caja de la Vivienda

 Manizales

Foto | Archivo | LA PATRIA

Mario Uribe Hincapié, hace casi 10 años, en uno de los lotes relacionados en el proceso judicial en su contra.

Mario Uribe Hincapié, ex Gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, tendrá que pagar otra condena por irregularidades cometidas en 1997 como funcionario público, con la compra de lotes en la Comuna Ciudadela del Norte destinados a la construcción de viviendas de interés social.

Tras 12 años de proceso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales revocó el fallo de primera instancia y lo sentenció a pagar 58 meses de prisión, al encontrar méritos para condenar al ex funcionario por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

El nuevo caso contra Uribe Hincapié tiene relación con la compra del lote llamado "La Samaria". El 29 de abril de 1996, la Promotora Gómez Arrubla le ofreció el terreno a la Caja de la Vivienda y el 21 de mayo de 1997 se concretó la compra. La Contraloría halló que Uribe Hincapié hizo el negocio de manera irregular.

A su turno, la Fiscalía encontró que el negocio se hizo sin reserva presupuestal, estudios previos ni autorización del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras.

El juez de primera instancia lo absolvió apoyado en una decisión del Tribunal Superior de Manizales que casualmente por esos días absolvía al ex funcionario en otro proceso similar. Sin embargo, en el nuevo, los magistrados encontraron argumentos para sentenciarlo.

Según el proceso, el lote La Samaria tenía un costo inicial de 700 millones de pesos, pero la Caja de la Vivienda Popular pagó 2.400 millones. La razón del incremento fue que en la promesa de compraventa se les exigió a los dueños del terreno hacer algunas adecuaciones, que le correspondían a la propia administración.

"Esto implicaba una diferencia de casi 1.700 millones, valor que equivale a algo más del doble del valor del terreno, que por el monto y el tipo de contratación (obras civiles) requería el agotamiento de unos pasos previos establecidos en la ley, que llevaran a la selección del mejor proponente", indicaron los magistrados.

Según la sentencia, el funcionario camufló en la compraventa del lote un contrato de obra, para adjudicarlo de manera directa y sin cumplir la Ley de contratación estatal. Debido a las irregularidades de la compra y la falta de estudios previos del terreno, la Administración tuvo que incurrir en otros gastos adicionales.

La decisión de segunda instancia se profirió el pasado 19 de agosto, ordenó la captura inmediata del ex funcionario y le negó cualquier beneficio como prisión domiciliaria o libertad condicional. En este proceso corren términos para que el condenado presente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El otro proceso

Los procesos contra Mario Uribe Hincapié están relacionados con la compra de tres lotes para programas de vivienda de interés social. Las autoridades descubrieron que los terrenos meses antes de la compra estaban avaluados por mucho menos de lo que pagó la Administración Municipal.

En el primer proceso que enfrentó el ex funcionario, también procesaron al ex alcalde Mauricio Arias Arango, quien para 1997 era el presidente de la Junta de la Caja de la Vivienda Popular. Además, a los vendedores de los lotes, por la maniobra para sobrevalorar los terrenos. Aunque los absolvieron en primera y segunda instancia, en el 2008 la Corte Suprema de Justicia revocó las sentencias y los condenó.

De acuerdo con los procesos, "se compraron los predios de San Sebastián y Santa Ana a través de un contrato de compraventa que sirvió de fachada para adjudicar el contrato directo de las obras civiles.

En palabras de la Corte, fue como si la Caja de la Vivienda le hubiera dicho al vendedor: "le compro su finca por un mayor precio, cuando usted con la plata que nosotros le anticipamos, construya carreteras y drenajes".

En la investigación se encontró que quienes vendieron estos lotes fueron socios del ex alcalde Mauricio Arias Arango.

Los sentenciados fueron el ex alcalde, a 63 meses de prisión por el delito de interés ilícito en la celebración de contrato; Uribe Hincapié, a 58 meses de prisión como coautor de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y Álvaro Botero Restrepo, Jesus María Serna Hurtado y José Gonzalo Ortiz Aguirre, a 53 meses de prisión como coautores del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Todos están inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas hasta diciembre del 2013.