La Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó proyecto de ley sobre adolescencia e infancia de Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó un proyecto de ley de Colombia que contiene severas sanciones a medios de comunicación, incluso decretando su cierre, cuando se infrinjan responsabilidades legales sobre información relacionada con la infancia y la adolescencia.
En una carta, el presidente de la SIP, Alejando Aguirre y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, Robert Rivard, exhortaron al Poder Judicial a reconsiderar las normas antes de que el proyecto sea enviado al Congreso.
Con ello se evitará que se atropelle la libertad de prensa, especialmente por sanciones que conllevan la suspensión provisional, cierre y "levadas multas a los medios de comunicación.
"Este proyecto podría abrir puertas y consecuencias muy graves para la censura directa, toda vez que quedará a la interpretación y discreción de la autoridad administrativa (Ministerio de Comunicación) resolver y dilucidar conflictos sobre la naturaleza noticiosa de los hechos y la misión propia de los medios", dijeron.
Aguirre y Rivard dijeron que da la impresión de que el proyecto de ley "estaría achacando la responsabilidad de los hechos a los medios de comunicación, siendo que estos tienen como misión esencial trasmitir e informar sobre los mismos".
"Y, muchas veces, la obligación de desafiar a la sociedad y a las autoridades con una agenda y temas de debate público que aunque no sean del agrado social, son indispensables para crear opinión pública y enriquecer a la sociedad con puntos de vista diversos y plurales", resaltaron.
Cuestionaron que se pretenda imponer a todos los medios de comunicación las mismas normas, sin considerar, por ejemplo, que en el caso de los medios escritos, "si bien están regulados por leyes generales, no asumen condicionamientos que tienen que ver con el ordenamiento radioeléctrico al que está obligado el Estado".
El proyecto, que se presentó al Poder Judicial, fue elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a petición de una orden de 2009 de la Corte Constitucional que exhortó al Congreso a regular la responsabilidad de los medios que se establece en el Código de Infancia y Adolescencia, según la SIP.