La salud en emergencia

Los decretos de emergencia social que se expidieron el viernes antepasado no han sido muy bien recibidos. La Academia Nacional de Medicina y la Asociación Nacional de Comunidades científicas han expresado públicamente su rechazo a estas normas en palabras que no dejan duda de la reacción negativa de la comunidad médica que se ha sentido progresivamente maltratada desde la expedición de la Ley 100 de 1993. Ahora siente que el gobierno interfiere seriamente y limita la capacidad de los médicos para atender debidamente a sus pacientes. Por eso, exigen que los decretos sean derogadas por inconvenientes. Quizás no se tenga que llegar a eso porque la Corte Constitucional ya está atenta, en primer lugar porque uno de los requisitos que debe cumplir el gobierno cuando invoca una emergencia social es que dicha emergencia responde a una situación no prevista y esta se preveía desde hace rato.
El sector salud se ha convertido en una bomba que puede explotar en cualquier momento, con serias consecuencias sobre la salud pública. Es evidente que se necesitan mayores recursos y que tanto el público como los jueces han abusado de la capacidad del sistema para atender los problemas básicos de salud y han extendido de hecho el alcance de lo que obligatoriamente deben atender los proveedores de servicios de salud mucho más allá de lo que puede financiar el sistema en su conjunto o las instituciones y entidades en forma individual. Adicionalmente, los pagos que le debe hacer el gobierno a estas entidades a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) no se reciben oportunamente y el fondo les debe billonarias sumas, parte d ela cuales no va a pagar nunca.
Los decretos de emergencia social tratan de resolver el problema de la definición de los servicios que obligatoriamente debe proveer el sistema de salud y de proveer la financiación para atenderlos. Quizás el problema de fondo de estas medidas es que no contaron con el beneficio de una discusión pública ni con el tiempo para meditar y discutir su alcance lo cual ha provocado una reacción agresiva, como la de la comunidad médica que no tuvo la oportunidad de expresarse antes de que se expidieran las medidas. La Constitución de 1991, le concedió al gobierno de entonces facultades transitorias para expedir una reforma tributaria por decreto. Estas facultades no se aprovecharon porque Gaviria, con muy buen sentido, conceptuó que una reforma tributaria no se debe hacer sin contar con el Congreso.
En efecto, uno de los aspectos más criticados de estas normas de emergencia social han sido los nuevos impuestos que han creado. No puedo hablar sobre el impuesto a la cerveza, pero no estoy impedido para discutir el de los cigarrillos que fue reformado de una manera caprichosa sin atender argumentos de los afectados. Las nuevas normas redujeron sustancialmente los impuestos para los cigarrillos caros, que son los importados, y aumentaron radicalmente el impuesto a los cigarrillos populares que son los de producción nacional. Los ricos van a pagar menos por su vicio y los fumadores pobres pagan más, y son los que van a financiar el fondo que subsidiará los servicios excepcionales. El importador de cigarrillos que no los produce en Colombia ni consume tabaco nacional está muerto de la risa y ha pagado avisos para apoyar las medidas.