Cinco millones de personas han tenido que dejar sus tierras

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La situación de los desplazados en Colombia aún es desoladora. En Caldas ha disminuido, el Oriente del departamento es el más afectado.

Un panorama desolador relacionado con el desplazamiento interno se dio a conocer ayer durante el VI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se cumplió en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, de Bogotá.

Según el informe presentado por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, 11 de cada 100 colombianos se han desplazado de manera forzada en Colombia.

Aunque no totalizó la cantidad de desplazados que estima hay en el país, ese porcentaje significaría que cerca de cinco millones de colombianos han sufrido esa condición, un número más alto que el de los cálculos más pesimistas.

A la par de este pronunciamiento, el jurista hizo énfasis en la especial protección que requieren las comunidades indígenas y afrodescendientes. Al explicar el fenómeno, Vargas Silva señaló que estas comunidades sufren desplazamiento forzado, “no solo por la incursión de grupos violentos, también por los macro-proyectos que se realizan sin la consulta de las comunidades étnicas”.

De esta manera, el jurista llamó la atención del Estado y de las empresas que están buscando nuevos nichos de trabajo, las que, a pesar del progreso que puedan generar, están afectando las condiciones de vida de las poblaciones especialmente protegidas.

Sin políticas claras

De la misma manera, Vargas Silva hizo un llamado al Gobierno para que busque una manera de hacer más efectivas las medidas decididas a superar el drama que hoy afrontan millones de compatriotas, pues según su criterio, “han sido precarias”.

“Solo se han creado normas formales, sin resultados prácticos para dar solución a la población desplazada. Aún no se ha hecho un censo y un diagnóstico idóneos sobre el problema de los desplazados, y sin ese diagnóstico no se pueden desarrollar programas eficaces que superen la situación de estado de cosas inconstitucional”, precisó Vargas Silva.

Otra de las críticas hechas está relacionada con la ausencia de una política de atención integral a quienes han tenido que dejar sus tierras. En ese sentido, precisa la queja que el “78 por ciento de las comunidades afro-descendientes inscritas como desplazadas, al igual que el 69 por ciento de la población indígena en las mismas condiciones, no tienen seguridad alimentaria”.

Insisten en poblaciones protegidas

El énfasis en los sectores de población especialmente protegidos no es gratuito. Según el expositor, “del total de los desplazados el 23,7 por ciento pertenecen a grupos étnicos; 6,5 por ciento de éstos son indígenas y 16,6 por ciento son afrodescendientes”.

Concluyó el Magistrado que el 28 por ciento de la población desplazada hoy no cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado y dijo esperar que en el nuevo gobierno se adopten las medidas que permitan contribuir al mejoramiento de esta situación.