“El que no defiende lo que tiene, no merece tenerlo”, puede aplicarse a las personas o a las comunidades. Aquellas, las personas, para referirse a bienes: materiales, sociales o laborales, de los que puedan ser despojadas, ilegal o mañosamente. Y las comunidades, cuando recursos económicos, que son patrimonio común, puestos al cuidado de gobernantes o instituciones oficiales o privadas, responsables del bienestar común, son dilapidadas o desviadas de sus objetivos, para beneficiar a individuos o sectores sociales o gremiales afectos al gobernante, traicionando la confianza puesta en los responsables de su correcta administración. 
Casos concretos son la ejecución de los presupuestos oficiales y la protección de instituciones públicas, privadas o mixtas, que propenden por la prestación de servicios a las comunidades, que les garanticen bienestar y prosperidad. Para ir al grano, y concentrándose en la administración pública, los recursos del erario, y los que administran organizaciones sectoriales, como la Federación Nacional de Cafeteros, para algunos gobernantes son “botín de pirata”, con el que pueden  financiar aspiraciones personales, para sustentar el poder alcanzado en las urnas, en una clara traición a los electores; y al sistema democrático.
Los teóricos de la administración pública, formados en prestigiosas universidades del mundo, como la escuela económica de Londres y el MIT de los Estados Unidos, por ejemplo; y en Colombia en universidades especializadas, como EAFIT y la ESAP, destacan cómo deben manejarse los recursos públicos, de manera que cumplan cabalmente objetivos específicos, como la infraestructura para el transporte, el apoyo a valores humanos como la educación, el arte, el deporte y el emprendimiento, los más relevantes; el fomento del empleo formal a través de la productividad; la prestación de servicios esenciales, como la salud, la protección a la infancia y la vejez, la digna supervivencia, más allá de la vida laboral, y la formación de patrimonios que garanticen la estabilidad de los programas sociales ante eventualidades futuras, lo que exige la previsión a través del ahorro, la inversión financiera en sistemas sólidos y confiables, la cobertura de riesgos y la necesaria participación del capital privado y sus disponibilidades tecnológicas y administrativas, que garanticen resultados óptimos, con un trabajo público-privado armónico.
Los objetivos señalados son los que desconocen los gobiernos populistas, que fundamentan su poder en cifras electorales, de espaldas a la realidad y a las evidencias estadísticas. Los autócratas no ven más allá de su egolatría, que sustentan con apoyos comprados con dineros de la comunidad, puestos bajo su custodia. Ante esa evidencia, tiene que haber un recurso que les garantice a los pueblos el derecho a la defensa de sus bienes, su calidad de vida y su futuro, cuando los ciudadanos se quiten la venda que les ponen la demagogia, la publicidad oficial y las dádivas que los anestesian, y decidan que “no podemos tirar hasta ahorcarnos”, como indica la lógica elemental.